El problema inicial de la Gestión de lo Común es que por afinidad metodológica, esta tiene que ser autogestionada y autogestionaria.

La autogestión comunitaria en el uso de lo común es fundamental para asegurar su disfrute de forma equitativa, así como su cuidado, garantizando su mantenimiento y perdurabilidad. La delegación de su gestión en los estados, en líderes o en estructuras cerradas, habitualmente conducen a una destrucción del bien antes común y su conversión en propiedad privada, con su expolio correspondiente.

Se entiende como gestión el conjunto de las decisiones y labores que se realizan en un organismo para la administración o el desarrollo del mismo, lo que podría denominarse, junto con la propia ejecución, la función ejecutiva.

Ello da lugar a la ejecución como el resultado físico de la gestión, y por tanto muy ligada a esta.

Todo esto tiene que ser controlado por un consejo que será horizontal e inclusivo, abierto a quien le importe o afecte el área en cuestión y se vinculará al ámbito de cada organismo. Cada consejo será autónomo, conservando únicamente las premisas glocales y sectoriales que aseguren su horizontalidad, inclusividad, funcionalidad y transparencia.

Pero para que todo esto funcione correctamente todas las decisiones de las herramientas sociales serán vinculantes, nunca consultivas.

En caso de delegación, hay que asegurar la autogestión de lo común por vías legales; lo cual requerirá cambiar la legislación para depurar los mecanismos de elección de delegados, asegurando que su mandato fuera legítimamente proporcional a su apoyo, que los partidos (o entidades afines) fuesen verdaderamente democráticos y sobre todo eliminar la prohibición sobre las herramientas que controlan su gestión.

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